La Iglesia brinda cobijo en Iruñea al Consejo de Administración de Frontex, el brazo armado de la política migratoria de la UE.

Publicado en Últimas Coberturas

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Acción de protesta esta tarde en la catedral de Iruñea, ya que a pesar de las numerosas protestas y manifestaciones de rechazo por la presencia del Consejo de Administración de Frontex estos días en nuestra ciudad, la Iglesia abrió sus puertas el pasado miércoles para recibir al brazo armado de la política migratoria de la Unión Europea, que ha sido objeto de controversia debido a su responsabilidad en más de 50.000 muertes registradas en las fronteras de la UE.
Frontex, la Agencia Europea creada en 2004 para gestionar las fronteras exteriores de la Unión Europea, se ha convertido en una poderosa entidad militarizada. Su misión es controlar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas con tecnología avanzada, y ha desplegado fuerzas armadas en diversos países europeos. Esta agencia trabaja en estrecha colaboración con los Ministerios del Interior de los Estados miembros y desempeña un papel fundamental en la política migratoria de Europa.
Frontex ha contribuido a la militarización de las fronteras y ha convertido el control migratorio en un negocio altamente lucrativo. Además, vende datos de personas a empresas de Data Brokers y establece acuerdos con grupos paramilitares y empresas de armamento. Su existencia es esencial para la criminalización de los migrantes y la restricción del derecho a la libre circulación.
La agencia ha estado envuelta en controversias y operaciones que violan sus propias normas, y su funcionamiento refleja una lógica de opresión basada en género, raza y clase. La presencia de Frontex en una ciudad brinda la oportunidad de denunciar las políticas de externalización, control y cierre de fronteras que ponen en peligro vidas humanas.
La exigencia principal es la abolición de Frontex y la promoción de un territorio que reconozca y repare las violencias sufridas por los migrantes, respetando sus derechos humanos. Se aboga por campañas de regularización y se rechaza la idea de que alguna persona sea considerada ilegal. En resumen, se denuncia a Frontex como un componente central de un sistema racista y colonial que se beneficia de la política migratoria.

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